El 27 de junio de 2018, Inés Sabanés, delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, anunció durante la rueda de prensa la presentación de la “Estrategia de Residuos 2018-2022”, el cierre de la incineradora de Valdemingómez para el año 2025 (tres años después de la finalización del plan). Esto implicaría la reducción de la incineración al 50% en 2022.

Desde la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública, CAS-Madrid, organización que forma parte de la “Alianza Incineradora de Valdemingómez No”, valoramos como un avance este anuncio. Sin duda algo habrá tenido que ver en la toma de esta decisión, la manifestación del pasado febrero en Vallecas, las más de 24.000 firmas entregadas contra la incineradora, los artículos en diferentes publicaciones, los vídeos de apoyo, las charlas dadas por los médicos y médicas del GEIS (Grupo de Estudios Incineración y Salud) a centenares de vecinos de la zona, etc.

Ante las más que seguras presiones de sectores empresariales y políticos, llamamos al Ayuntamiento a afianzar su postura. Pero entendemos que en base a los riesgos para la salud de la población, la incineradora debería haberse cerrado en el 2020, fecha final de la concesión, lo cual requería la adopción de medidas de gestión de residuos en años anteriores que lo hicieran posible. La no renovación de la concesión en 2020, objetivo por el que se creó la “Alianza Valdemingómez No”, debería ser materializada antes de la finalización de la gestión del actual equipo y obligaría a agilizar la puesta en marcha de los dispositivos necesarios para el tratamiento, sin incineración, de las más de 300.000 toneladas de residuos quemadas anualmente, ante posibles escenarios políticos derivados de elecciones locales y autonómicas, o generales que pudieran modificar la decisión y mantener abierta la incineradora.

La decisión del Ayuntamiento de Ahora Madrid permite mantener esta situación otros 8 años más. No sólo es la emisión de sustancias ya reconocidas como peligrosas para la salud (dioxinas, furanos, metales pesados), sino también otras tan peligrosas o más, pero que aún no han sido reconocidas como tales, ni son controladas siquiera por la Administración. Unas y otras están afectando a cerca de 1 millón de personas desde 2006. Hubiéramos deseado un compromiso más decidido para los intereses generales, para revertir con urgencia la nefasta trayectoria del Ayuntamiento de Madrid durante estas dos décadas pasadas.

Siendo conscientes de las dificultades que conlleva el cierre de una instalación de estas características, solicitamos -hace ya dos años- al actual equipo que iniciara las acciones necesarias para avanzar hacia el cierre. No se hizo. Además, creemos que las irregularidades que se han ido produciendo estos años en el funcionamiento de la incineradora no deberían ser obviadas ni por Ayuntamiento, ni por otros grupos.

El cierre anunciado para dentro de dos legislaturas, conlleva muchísimos interrogantes y dudas respecto a su cumplimiento. En todo caso, desde ahora y hasta el cierre prometido de la incineradora en 2025, CAS-Madrid estará vigilante del proceso y continuará informando de los riesgos para la salud de la población en función de la, cada vez mayor, evidencia científica disponible.

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO

Madrid, julio de 2018