El traspaso desde la Seguridad Social a las comunidades autónomas, del patrimonio sanitario de la seguridad social (más de 600 hospitales), ha sido un objetivo de los grandes poderes económicos desde hace décadas. Desde los partidos nacionalistas hasta el PSOE, todos han argumentado de diferentes formas para traspasar lo que se construyó, fundamentalmente con el sudor de los trabajadores (a través de sus cotizaciones). De hecho, el PSOE en la época de Zapatero, aprobó una modificación legislativa, posiblemente escrita por la mano del propio Pujol, a cambio del apoyo de CiU a la ampliación de la edad de jubilación, para traspasar dicho patrimonio. Inmediatamente, los nacionalistas catalanes anunciaron la venta de varias infraestructuras sanitarias para hacer caja (y llevárselo a Andorra posiblemente). Esta modificación legislativa fue aprobada, pero nunca aplicada por vete a saber que desencuentros políticos.

En el verano de 2015 CIU pidió en el Senado que la Seguridad Social transfiriera la titularidad de sus hospitales a las comunidades autónomas, en esos momentos, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró que “el Gobierno no va a permitir que se trocee la Seguridad Social”.

Hoy vuelven a la carga. El patrimonio sanitario de la Seguridad Social, que algunos cuantifican en 17.000 millones de euros, posiblemente mucho más si tenemos en cuenta la ubicación de algunos centros, corre peligro de ser transferido a los que llevan décadas desmontando, deteriorando y privatizando la sanidad. Sus ansias infinitas de enriquecerse a nuestra costa convertirán muchos centros sanitarios, en centros..... comerciales, o cualquier tipo de negocio, se reducirá la capacidad sanitaria mientras las listas de espera crecen vertiginosamente. Debemos movilizarnos antes de que sea tarde.

CAS, 23 noviembre de 2017.

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