(2016-02-05) Protección de Datos entra de oficio por la pérdida de 15.000 radiografías en Ávila
La Agencia Española de Protección de Datos va a investigar la destrucción de 15.000 pruebas radiológicas destapada en exclusiva por Estrella Digital la semana pasada. Imágenes perdidas, radiaciones a ciegas, pacientes de oncología sin poder realizar un seguimiento de la evolución de su enfermedad, informáticos enfadados, las consecuencias del caos en la custodia y almacenamiento de las pruebas diagnósticas de imagen en el Centro Asistencial de Ávila (en el que están incluidos cuatro centros sanitarios públicos) ya van más allá del erjuicio a los usuarios de la sanidad. Si la investigación de la agencia prospera, la sanción no sería económica, como sucede cuando se trata de empresas privadas, sino que se ordenaría el "mandato de corregir de manera inmediata". Además, el director de AEPD "podrá proponer" la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran.
Además el CSIF y el Colegio de Informáticos de Castilla y León se unen a los sindicatos y reclaman "responsabilidades políticas".
Las consecuencias por la pérdida de 15.000 radiografías en Ávila por el fallo de un sistema informático arcaico pueden cobrarse las primeras víctimas políticas. Más de un alto cargo de la Sanidad de Castilla y León podría ver peligrar su puesto de trabajo si prospera la investigación de la Agencia Española de Protección de Datos. Aunque la entidad ha decidido entrar de oficio en el asunto, fue la Defensora del Paciente y los artículos publicados en prensa quien puso en alerta a la agencia encargada de velar por los datos personales de los ciudadanos.
Carmen Flores, presidenta de la asociación que defiende los derechos del paciente, redactó un escrito en el que solicitaba a la Agencia Española de Protección de Datos "la apertura de un expediente sancionador" contra la Consejería de Sanidad de Castilla y León. La AEPD ya ha iniciado actuaciones previas a la investigación para “acreditar” la pérdida de todas las imágenes clínicas del Complejo Asistencial de Ávila entre los meses de Julio y Octubre.
El primer paso emprendido por la agencia se puede alargar hasta un máximo de un año. Si logran corroborar la información publicada en los medios y los testimonios de los afectados, el siguiente procedimiento sería la apertura de una investigación formal.
Al haber ocurrido los hechos en un centro sanitario de carácter público, y no privado, se llevaría a cabo una "declaración de infracción de administraciones públicas". Ésto significa que que el Director de la Agencia "podrá proponer" la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas.
Si finalmente la agencia logra demostrar que ha existido una vulneración de protección de datos la sanción no sería económica, como sucede cuando se trata de empresas privadas, sino que se ordenaría el "mandato de corregir de manera inmediata" la situación para evitar que volviera a repetirse un caso así.
Al ser un tema tan controvertido y que ha levantado tanta polémica en los medios locales y nacionales, la AEPD pretende “analizar” el asunto con “calma” para no “precipitarse” y realizar una valoración “sin los datos suficientes”.