(2018-03-12) Imputada la cúpula de Sanidad por un delito de prevaricación administrativa.

El delito fue cometido, supuestamente, contra la empresa de "ambulancias alerta" a la que, según los denunciantes, presionaron -en 2016- para que abandonara un contrato millonario en el que partían como favoritos.

Los imputados son el Viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, Cesar Pascual, Director General de Coordinación de Asistencia Sanitaria, Luis Fernandez Abad Secretario General Técnico y Santiago Cortés Director de Gestión del SUMMA.

La empresa Ambulancias Alerta presentó una querella contra ellos el pasado 18 de diciembre basándose en las grabaciones realizadas -hace casi dos años- durante las reuniones en las que los altos cargos de Sanidad intentaban convencer a los dueños de la compañía de que lo mejor para ellos era abandonar el contrato porque no iban a poder cumplir las condiciones con la oferta económica que habían realizado.

La magistrada ha dado por buenas las grabaciones realizadas por los denunciantes y ha solicitado la "hoja histórico penal" de los querellados y sus medios económicos. Recordamos que ambulancias Alerta contrató, para su demanda, al despacho de Manuel Lamela quien, cuando era consejero de Sanidad, les adjudicó contratos por valor de millones de euros.

Desde la consejería insisten en que cuando la empresa Alerta ganó el concurso, rebajando diez millones de euros la oferta inicial, los querellados decidieron exigirle un informe de viabilidad. Querían comprobar que podía cumplir con el servicio teniendo en cuenta que en los tres últimos años se les había impuesto hasta nueve penalizaciones por incumplimiento del contrato.

Alerta que no pudo certificar su viabilidad y retiró su oferta el 4 de mayo de 2016.

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