El País Valencià fue el laboratorio de experimentación del llamado “modelo Alzira” o, lo que es lo mismo, hospitales públicos gestionados enteramente por empresas privadas. La Comunidad de Madrid ha sido otro de los paraísos de la privatización de la sanidad después de que el PP creara cuatro hospitales públicos con todos los servicios privatizados, y otros seis centros públicos con todos los servicios privatizados salvo el personal médico y de enfermería.

La movilización de la Marea Blanca impidió en 2014 que estos últimos seis hospitales, privatizados parcialmente, se convirtieran al ‘modelo Alzira’. La marcha atrás en el proceso de privatización es aún más complicada que en el caso valenciano. Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30 años, precisa Antonio Gómez, de CAS Madrid. 2037, 2040 y 2042 es cuando los futuros gobernantes podrán decidir si prorrogar o rescindir el contrato de gestión de estos hospitales.

A menos que antes haya un rescate, dice Gómez. Una medida que tiene precedentes. Uno de ellos en París en abril de 2014, cuando el Gobierno francés rescató un hospital semiprivado, o en Reino Unido, la cuna de este modelo, donde en junio de ese año se rescataba por primera vez en el país un hospital de este tipo. Una operación que supondrá un ahorro para la sanidad de Northumbria de 92 millones de euros en 19 años.  En ambos sitios, la conclusión de las autoridades fue la misma, comenta Gómez: pagar una indemnización por romper el contrato resultaba más económico que mantener la concesión hasta que finalice.
 

 Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30 años

La concesión a 30 años de los hospitales privatizados no son la única hipoteca que dejan los gobiernos del PP. La extracción de sangre fue entregada a Cruz Roja en abril de 2014 hasta 2020: por cada bolsa recolectada, la Comunidad pagará 67 euros, más de nueve millones de euros al año. Hasta 2018 está concesionado el laboratorio central de referencia, en San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones para un millón de pacientes entregadas a Ribera Salud a costa de cerrar cuatro laboratorios públicos, denuncia Gómez. Hasta 2016, las mamografías fueron entregadas a una ONG, que las derivó hacia el Grupo Capio. Y en abril de 2014, sin licitación, se prorrogaba por 13,6 millones de euros, hasta 2016, el contrato de la central de llamadas de la sanidad pública, donde “los casos más rentable, se derivan a los hospitales en manos privadas y los menos rentables a los públicos”.