5. Acabar con el lucro de las empresas privadas

La Sanidad pública es un negocio para la empresa privada. Marina Salud ganó en 2012 un total de 5,7 millones de euros por gestionar el Hospital de Dénia. Esas ganancias fueron posibles en parte gracias a la derivación de pacientes y servicios desde el sistema público, algo que posibilita la Ley 15/97, la norma que abrió la puerta del negocio en la Sanidad. Ciriaco de Vicente, exdiputado socialista en la época de Felipe González, ironiza sobre el tema: “Si es tan eficiente la gestión privada, ¿por qué no se contrata directamente a los gestores privados para trabajar en un hospital público”. En su opinión, la existencia del beneficio es incompatible con un sistema de atenciones públicas que haga frente a algo tan elemental como es la salud. “Ahora ya no se complementa, ahora se sustituye”, se lamenta.

El origen de esa situación hay que buscarlo en 1997. Ese año el Congreso de los Diputados aprobó la ley “Sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud”. Esta norma tiene un artículo único: “En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. Para ello establece que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

Nines Maestro defendió la posición en contra de esa ley por parte de Izquierda Unida. Hoy, 18 años más tarde, cree que la puerta a la privatización aún se puede cerrar. “Para que los hospitales sean rentables se están haciendo cosas escandalosas desde el punto de vista de la calidad y si, por ejemplo, se eliminasen los pluses que reciben por derivaciones, serían ellos mismos los que entregarían la concesión”. Según sus cálculos, un hospital de gestión privada supone un gasto siete veces mayor que uno público funcionando a pleno rendimiento. Algunos países como Inglaterra y Francia ya han rescatado algunos de sus hospitales de gestión privada, pagando el lucro cesante.

Para el responsable actual de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, más allá de las consideraciones sobre la ley, de la que es partidario que se derogue, “la clave es que estamos ante una cuestión que depende de la voluntad política ya que hay directivas europeas que permiten esos conciertos”.

Por su parte, la Sociedad Española de Directivos de Salud (SEDISA) en un informe interno reconoce que busca ampliar el negocio y recuerda que “los centros podrán obtener ingresos adicionales a través de actividades propias como la docencia y por la oferta de servicios hoteleros complementarios tales como restauración, camas suplementarias…”.

Ciriaco de Vicente carga sus tintas contra lo que considera una perversión del concepto de derivación. “Antes se utilizaba por los médicos, cuando uno no sabía de algo, se decía, ‘te lo derivo’, pero no tenía carga ideológica, es como quien dice "te lo reenvío". Sin embargo, hoy tiene toda una carga, que es la de transferir negocio”, concluye el ex responsable de Sanidad del PSOE. Y apunta a los políticos: “Para acabar con la privatización hay que tener un gobierno de izquierdas, no un ministro a título individual, si no acaban contigo pronto”. Él sabe de lo que habla ya que algunas fuentes consultadas por La Marea apuntan a la presión de las farmacéuticas para explicar el porqué no llegó a ser nunca ministro de Sanidad en los gobiernos de Felipe González.

Propuestas para salvar la Sanidad (y 5): Acabar con el lucro de empresas privadas