Los incentivos económicos que podrían recibir los médicos de Atención Primaria que ahorren en las recetas, fruto del pacto de farmacia sobre el uso racional del medicamento, continúan generando polémica. El Comité de Bioética de Aragón ha cuestionado recientemente este tipo de pagos, que en caso de aplicarse llegarían hasta un máximo de 12.000 euros al año, a sabiendas de "la inquietud y preocupación" que han generado entre profesionales y usuarios.

El organismo señala que, entre sus objetivos, los incentivos deben "reconocer el buen ejercicio profesional y recompensar la búsqueda de la excelencia". Sin embargo, apunta que "no es éticamente aceptable" un incentivo directo al ajuste y que este no debe ser considerado como un complemento salarial. "Hay medidas de ahorro que podrían tener un impacto negativo en la salud de los ciudadanos y sería una irresponsabilidad fomentarlas. Por otro lado, se convierten en un campo abonado para generar la desconfianza en los profesionales, deteriorando la esencia de la relación clínica", argumenta el Comité de Bioética de Aragón.


RAZONES

El colectivo se muestra rotundo al afirmar que los incentivos vinculados solo al ahorro en el gasto farmacéutico se consideran contrarios a la ética médica por dos razones: el riesgo de no prescribir medicamentos más eficaces solo por razón de su coste y, por otro, la grave amenaza que suponen para la confianza en la relación médico-paciente. "Cualquier incentivo, provenga de una institución pública o privada, que someta a sospecha la independencia de los profesionales sanitarios debe ser descartado", añaden.

También hay incentivos directos a la realización de determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos que, según el Comité de Bioética de Araragón, ha generado "en ocasiones" sobrediagnósticos y exceso de tratamientos que condicionan resultados perjudiciales y derroche de recursos. "Se debería ser muy cuidadoso a la hora de instaurar incentivos directos a la realización de una actividad aunque en sí misma sea beneficiosa, valorando si los resultados positivos superan a los negativos", cuenta el colectivo.

Así, el grupo hace referencia a incentivos no económicos que ejercen una gran influencia en la motivación profesional y tienen menos efectos secundarios que los económicos. Entre ellos incluye la promoción de la autonomía profesional, la responsabilidad en la gestión, la conciliación familiar o la compatibilidad de la asistencia con la docencia y la investigación. "Es cierto que poner en marcha este tipo de incentivos tiene más complejidad y exige un mayor esfuerzo, pero implementar estas medidas es una muestra clara de madurez ética y compromiso moral de las organizaciones", señala el organismo.

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