¿Deben pagarse 25.000 euros por un medicamento cuyo coste de producción no alcanza los 115?
La lucha de los afectados por la hepatitis C ha permitido destapar uno de los principales problemas que arrastra el Sistema Sanitario desde la aprobación hace ya casi 30 años de la Ley General de Sanidad (1986): su dependencia absoluta de Farmaindustria (FarMAFIA) al haber renunciado en aquellas fechas, TODOS los partidos políticos, a la creación de un sistema «público» de investigación y producción de medicamentos.
Hoy nos encontramos con que el coste de producción del Sovaldi (Sofosbuvir) para un tratamiento de 12 semanas para la hepatitis C, es de alrededor de 100 €, pero la multinacional Gilead exige en España unos 25.000 €. Al ser necesario combinar el Sovaldi con otro fármaco, el coste de cada tratamiento se dispara hasta los 40.000 €/paciente. Solo tratar a los 35.000 pacientes más graves a este precio supondría unos 1.400 millones de €, el 10% del gasto farmacéutico anual de toda España (unos 14.000 millones) para una sola enfermedad). Aceptar el chantaje de las multinacionales es lo que pone en riesgo el sistema sanitario, no las necesidades de los pacientes.

¿Cuál es la salida?

El gobierno puede emitir una «licencia obligatoria» (1) para producir un medicamento genérico aunque esté patentado por una empresa, incluso sin su consentimiento, debido a necesidades de salud pública. Además, la Oficina de Patentes de la India acaba de fallar contra la patente sobre Sovaldi, al demostrarse que no supone una innovación que justifique la petición de la patente, lo que permite a India fabricarlo como genérico.

Se debería denunciar la patente en la misma línea que se ha hecho en la India y en Europa ha anunciado Médicos del Mundo, para fabricarlo directamente. Al haberse demostrado que Sovaldi no supone innovación alguna, cualquier otro acuerdo del gobierno con Gilead, aunque suponga una rebaja sustancial del precio actual, demostrará los intereses coincidentes de políticos y la industria farmacéutica para lucrarse a costa de nuestra salud.

Mientras los pacientes siguen sin tratamiento, ¿qué está ocurriendo?
El sufrimiento de los pacientes de Hepatitis C y sus familiares, constituye el reclamo perfecto para que todo tipo de fuerzas políticas quieran rentabilizar este problema, más en año electoral. Las propuestas de actuación ante el Parlamento Europeo u otras instancias institucionales solo buscan ofrecer la falsa imagen de que nuestros problemas se solucionan «delegando». No se enfrentan al chantaje de las multinacionales, y dejan abiertas las golosas «puertas giratorias».

Tampoco las «sociedades científicas de medicina» han apoyado públicamente la fabricación del genérico, lo que genera grandes dudas respecto a sus relaciones con Farmaindustria. Prácticamente todos los congresos médicos están financiados por la industria; casi no existen canales de investigación que no estén financiados por la misma, y la formación que se da en todas las Facultades de Medicina está controlada por el negocio de los medicamentos. En aras de la transparencia, las «sociedades científicas» deben de hacer públicas las subvenciones que hayan podido recibir de Farmaindustria.
El gobierno acaba de anunciar el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, prometiendo «tratar a los enfermos en F 2, F 3 y F 4, así como algunos casos en F 0 y F 1», pero sin dar ni cifras reales de afectados, ni plazos, y lo que es más peligroso, sin memoria económica o plan financiero ninguno. Desde CAS dudamos de la realidad de este Plan, ya que a los precios actuales, tratar a cientos de miles de potenciales pacientes es sencillamente imposible

Las dificultades para el acceso a fármacos de última generación para muchas enfermedades se va a incrementar en los próximos años, y los pacientes no van a poder tratarse si seguimos dejando en manos de FarMAFIA la producción de medicamentos básicos. Somos el segundo país del mundo en consumo de medicamentos y no por eso estamos más sanos. Eso sí, gastamos en farmacia casi 1 de cada 4 € dedicados a sanidad, algo absolutamente escandaloso y que solo beneficia a los accionistas de Farmaindustria.

Por todo ello la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad:
1º APOYA DECIDIDAMENTE las movilizaciones de pacientes, familiares y población en general con el convencimiento de que sólo mediante la lucha mantenida en el tiempo podremos imponer la prioridad de las necesidades de las personas sobre los intereses económicos de las multinacionales y de los políticos a su servicio.

2º EXIGE AL GOBIERNO que adopte todas las medidas necesarias para poner a disposición de los pacientes de Hepatitis C los medicamentos necesarios, imponiendo la primacía de las necesidades de salud sobre los derechos de patente.

3º EMPLAZA AL GOBIERNO ACTUAL Y A TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS A ACOMETER UNA POLÍTICA INTEGRAL DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO QUE EXIGE:
— Poner en marcha una industria farmacéutica pública que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales de forma que se garantice el acceso a todos los fármacos realmente útiles a quienes los necesiten.
— Derogar todas las normas que imponen el copago de medicamentos de uso hospitalario, a las personas pensionistas y el aumento del copago para las activas. Medicamentos gratuitos para todas las personas desempleadas.
— Eliminar del Registro todos los medicamentos inútiles, perjudiciales para la salud o con precios comparativos injustificadamente elevados. Todos los medicamentos admitidos en el Registro deberán tener financiación del sistema público.
— Dispensar directamente los medicamentos en los centros sanitarios a la dosis necesaria.
— Prohibir la financiación por parte de la industria farmacéutica de congresos, actividades científicas y de investigación, que deberán ser sufragadas con fondos públicos.
— Acabar con todo tipo de publicidad de medicamentos.

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