La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que CiU apoyó en el Congreso y luego trasladó a Cataluña para gobernar sus finanzas, deja poco margen de maniobra a la Generalitat para atender sus pagos. “La ley determina el orden de los pagos: primero las obligaciones de operaciones financieras y luego las nóminas”, resumió el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs. En la reunión de Gobierno de ayer incluso algún consejero se lamentó de esa norma que ha dejado prácticamente a cero el gasto de varios departamentos. Antes de su aprobación, explicaron fuentes cercanas al Ejecutivo, se cumplía primero con la devolución de la deuda para que la banca volviera a prestar, pero había más margen para negociar. El cierre de los mercados y la ley, sin embargo, han supuesto que las entidades —que no quieren cargarse de deuda autonómica— sean mucho más estrictas.

Los 424 millones de euros que espera la Generalitat son una cantidad mínima en comparación con los vencimientos que vienen para el segundo semestre, de 5.755 millones de euros. Pero han bastado, según fuentes del Ejecutivo, para crear una “punta de tesorería” que ha puesto patas arriba el calendario de pagos. Fuentes conocedoras de la situación de las finanzas catalanas se lamentaban ayer, además, de que muchos de esos vencimientos corresponden a créditos a muy corto plazo, incluso de seis meses, que se pidieron en crisis de liquidez anteriores. “La historia se repite y la bola se va haciendo grande”,