Una vez privatizados los principales servicios públicos (telefonía, comunicaciones, transporte..), el estado ataca los únicos sectores que aún se mantienen como mayoritariamente públicos, y en los que se pueden lograr importantes beneficios económicos con su explotación mediante modelos privados: la enseñanza y la sanidad.

Respecto a la sanidad pública, en nuestro país se ha seguido un modelo predeterminado: primero descentralización que termina degenerando en fragmentación y deterioro de la asistencia (cada Comunidad Autónoma utiliza un modelo sanitario; diferente gasto sanitario por habitante; distintas prestaciones sanitarias según donde se viva, etc); y, a continuación, se da entrada a las empresas privadas en un terreno abonado por un discurso que curiosamente es defendido por los propios “gestores públicos” de turno (“lo público no es eficiente…….”).

En el caso de Madrid, el gobierno del PP ha iniciado la licitación de 8 nuevos hospitales (Majadahonda, Vallecas, Arganda, Parla, Valdemoro, Aranjuez, Coslada y S. Sebastián de los Reyes), bajo un nuevo modelo que supone el ataque más grave sufrido hasta la fecha por la sanidad pública regional: las concesiones sanitarias.

¿QUÉ ES UNA CONCESION SANITARIA?

Dentro de las múltiples figuras que se han ido experimentando para desmantelar la sanidad pública (fundaciones, consorcios, …), aparece una novedosa: la “ concesión de obra pública”, figura existente en el ordenamiento jurídico que permite a una empresa privada optar a la construcción y/o gestión de una obra pública durante varias décadas, percibiendo por ello fondos públicos hasta que la empresa en cuestión amortice gastos y lógicamente, obtenga beneficios. La razón de ser de dichas empresas privadas es lograr plusvalías económicas de un servicio esencial, como es la sanidad pública.

Este modelo se denomina “gestión sin riesgo”: la empresa privada se queda con los beneficios y la Administración Pública asume las pérdidas, los capítulos gravosos (farmacia..), o las desviaciones presupuestarias.

¿HA SIDO UTILIZADO EL MODELO EN LA SANIDAD?

Hasta la fecha, sólo existe una experiencia similar en todo el Estado; el hospital de Alzira (Valencia). El proceso ha sido complejo, pero podría resumirse de la siguiente forma: la Comunidad Valenciana “cedió” la gestión de un área sanitaria (la comarca de La Ribera, con 250.000 habitantes) a una Unión Temporal de Empresas (Adeslas 51%, Bancaja y CAM 45 %, ACS-Dragados 2 % y Lubasa 2%), que construyó un hospital, con una inversión final de 72 millones de € (frente a los 41 millones anunciados) para su explotación, supuestamente, por un período de 10 años, pasados los cuales el hospital revertiría al sector público.

¿CÓMO FUNCIONA EL NEGOCIO?

· El hospital se inauguró el 1 de enero de 1999, fijándose ese año una cantidad de 204 € por habitante y año (47 millones de €) a cobrar por la UTE, independientemente de que se utilizaran o no ese año los servicios sanitarios (pago capitativo). Ese mismo año, el gobierno del PP “engordó” el censo en 11.242 personas más que las consideradas inicialmente para el cálculo del importe a abonar por capitación (lo que supuso 2,3 millones de € más).

· Aún así, el ejercicio del primer año de funcionamiento se cerró con pérdidas económicas, por lo que se inició una actividad desenfrenada ofreciendo servicios a pacientes de fuera del área sanitaria, por los que se facturaba a la Consejería de Sanidad el coste de cada atención.

· Se puede comprobar que ya en el año 2000, Sanidad desviaba pacientes de otras áreas sanitarias hacia la UTE Alzira (por ejemplo el parto con cesárea se facturaba a 2.566 €, un parto simple 1.202 €). De esta forma mientras el número de partos atendidos en el hospital de Alzira se incremento en un 37 %, en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana el incremento fue de solo un 0,7 %. A la empresa le interesaba sobremanera atender a pacientes de fuera de su ámbito para cuadrar sus balances.

· La UTE anunció que, durante 2001 obtendría beneficios, pero a finales de 2002, año en el que recibió 225 € por habitante (lo que hace un total de 52,2 millones €), se comprobó que las pérdidas iban en aumento.

· En definitiva, durante los 4 primeros años (1999-2002), la UTE Alzira reconoció unas pérdidas de 5,24 millones de €.

INGENIERIA CONTABLE

Dado que la cuenta de resultados del negocio no cuadraba, se iniciaron una serie de técnicas de “ingeniería picaresca-financiera” de forma que:

· Se facturaron 5 millones de € más por atención prestada a ciudadanos que residen fuera del área y no constan en el censo. La facturación, en este caso, se realizó por proceso atendido (más beneficioso para la empresa) y no por pago capitativo (que era lo establecido en el contrato).

· Se factura 1 millón de € por atención a salud mental (aspecto incluido en el catálogo básico de prestaciones y que, por lo tanto, no debería ser facturado).

· Se facturan 1,7 millones de € por atención a pacientes de la comarca que estaban en lista de espera en la fecha de inauguración del hospital.

· Para más INRI, la propia Consellería, para “velar por lo que es de todos”, aprobó una circular que paralizó la facturación de los hospitales públicos de la Comunidad a la UTE-Ribera (por pacientes pertenecientes a la comarca de la Ribera que fueron atendidos en los hospitales públicos); es decir, Alzira facturaba a los hospitales públicos de la Comunidad, pero éstos no podían facturar a su vez los pacientes correspondientes a Alzira que habían sido atendidos en los hospitales públicos.

EL PP EN AUXILIO DE LA EMPRESA PRIVADA

Ante el fracaso del experimento, la Consellería decide lanzarse al rescate de los “legítimos intereses de la empresa privada” (los beneficios económicos). Para ello, se decide rescindir el contrato y convocar un nuevo concurso de gestión sanitaria de la comarca de La Ribera, incluyendo esta vez entre lo privatizado la atención primaria de la zona (13 centros de salud) y, de paso, mejorando las condiciones económicas para la empresa.

Extinguir el contrato obligó a la Consellería a “rescatar el hospital” y abonar a la UTE el importe de la inversión realizada. Para ello se dedicaron en el presupuesto de 2003 hasta 43,9 millones de € (7.300 millones de pts,), lo que supuso el 40 % de la inversión prevista en centros públicos para dicho año.

A pesar de no figurar ni en el contrato original, ni en el pliego de cláusulas de explotación la indemnización por “lucro cesante”, la Consellería “premió” a la empresa con 25,4 millones de € como “indemnización para cubrir el lucro cesante de los 6 años de explotación que restaban” y otros 43, 9 millones de € por los activos que quedaban por amortizar (quedaba por amortizar el 60 %). Posteriormente, el Sindic de Comptes (Tribunal de Cuentas Valenciano) censuró en un informe dicha indemnización.

FRAUDE ASISTENCIAL

Tras más de 5 años de experimento, a pesar del oscurantismo impuesto por el gobierno autonómico, la situación en el centro no parecía haber acabado con los problemas que se achacaban a la pública (masificación, listas de espera…) y que el modelo privado iba a resolver: listas de espera en muchas especialidades de más de 6 meses (cardiología, trauma, oftalmología....). Pero hay una diferencia sustancial, las demoras prolongadas las sufren los pacientes de la comarca y no los que acuden de fuera de La Ribera, por los que se puede facturar ventajosamente y son atendidos con preferencia.

Desde el centro se han remitido sistemáticamente al resto de la red pública a los pacientes “menos rentables”, aquéllos cuya atención generaba mayores costes unitarios a la empresa (existe denuncia de prensa del presidente de la Asociación de Enfermos Respiratorios Crónicos). En la práctica, se rechazan pacientes crónicos para forzar al límite la disminución de la estancia media. Posteriormente, se negó la información sobre pacientes derivados a centros públicos.

Al menos 75 habitaciones han dejado de ser individuales y se ha instalado una segunda cama (retirando la cama del acompañante).

En partos, se oferta anestesia epidural, presencia de acompañante y estancia en habitación individual, mientras se limita esta prestación en los hospitales públicos cercanos (Xativa, Gandía, Ontinyent).

Se ha mantenido más de un año sin reparar la tecnología sanitaria del hospital de Xátiva (retinógrafo, sonda de exploración transuretral….) y, como consecuencia, se derivan cientos de pacientes de estos hospitales públicos a Alzira, donde son rápidamente facturados. Es decir, se potencia tecnológicamente Alzira mientras se mantiene a otros hospitales públicos cercanos con tecnología obsoleta y sin ofrecer a su población de referencia determinadas prestaciones (que sí ofrece Alzira) para que sus usuarios deban acudir forzosamente a él.

Se designa Alzira como hospital de referencia para otras comarcas (Marina Alta y Baja), para exploraciones radiológicas y tratamientos de radioterapia, con lo que existe doble coste económico para la pública (ya que los costes de transporte sanitario de los pacientes es asumido por el sector público).

En Alzira, en el año 2000 se atendieron 1.569 partos, con sólo 2 especialistas de guardia, mientras que entre Xátiva y Gandía 4 médicos atendieron 1.601 (si todos sabemos lo limitado de las plantillas en el sector público, qué calidad de asistencia se estará prestando en Alzira con estas plantillas). Como no sobran recursos en los hospitales públicos, algo no encaja: los paritorios de Alzira más bien pueden parecer una cadena de montaje.

Durante el año 2003, el índice de ocupación fue del 94,7 % (la media en los hospitales públicos fue del 80,5 %) lo que indica una utilización por encima de los límites considerados óptimos reconocidos por la OMS.

La memoria de 1999, no recoge ni mortalidad, ni, lo que es más importante de cara a evaluar la calidad de la asistencia, reingresos. Sin estos datos, es imposible evaluar la eficiencia y calidad asistenciales.

Lo que si está demostrado es un aumento de las estancias medias más cortas; es evidente que el gestor privado ahorra por ahí , pero desde el punto de vista de la sociedad, ¿cuánto cuestan a ésta y a las familias las altas prematuras y los cuidados en casa? ¿Qué riesgos están corriendo los pacientes dados de alta prematuramente?
Hay testimonios de trabajadores que afirman que existen presiones laborales para reducir el número de ingresos de pacientes de La Ribera (por los que ya cobran, les atiendan o no), para dejar camas libres para pacientes “de pago”.

EL NUEVO NEGOCIO

La privatización de la gestión de la atención primaria (son 13 centros de salud) responde a los problemas económicos de la UTE, que necesita incrementar el canon que recibe por paciente (sea atendido o no). Cuantos más problemas sean resueltos en los centros de salud, cuantas menos exploraciones se soliciten, cuantos menos pacientes sean derivados al hospital, el beneficio económico para la UTE será mayor.
De esta forma, la atención primaria funciona como un filtro para la atención especializada y no como puerta de entrada al sistema sanitario. Además de los 521 trabajadores de primaria, 300 son contratados: existe un margen muy amplio para aumentar beneficios reduciendo plantilla. De hecho, como los servicios sanitarios no se pueden “deslocalizar”, la forma de hacerlos más rentables es incrementar progresivamente el número de trabajadores contratados por la UTE (contratos basura en muchas ocasiones) al tiempo que se amortizan las plazas de estatutarios que se trasladan o jubilan. Es evidente que a mayor precariedad laboral, mayor es la posibilidad de plegarse a las presiones empresariales de recorte del gasto sanitario.

La explotación del hospital volvió a salir a concurso, junto con la primaria, con la condición de que el nuevo adjudicatario (el mismo) pagaría 72 millones de € a la Consejería. Nadie disputó el contrato a la UTE (que tenía la ventaja de haber percibido 69,3 millones de € de la Consellería).

El nuevo contrato es más rentable para la privada, ya que se eleva el pago por persona a 379 € por habitante y año; se alarga el periodo de concesión a 15 años prorrogables otros 5; y prevé para la UTE un pago del 30 % de lo que ahorre en gasto farmacéutico respecto a la media de la Comunidad Valenciana.

Se defiende que este tipo de gestión disminuye un 20 % el coste por persona respecto a la gestión pública, pero se oculta que se excluye el gasto farmacéutico de atención primaria, la oxigenoterapia, las prótesis quirúrgicas, la salud mental, y el transporte sanitario que sigue pagándose desde el sector público.