Los asesores del presidente Artur Mas en materia de salud han vuelto a poner sobre la mesa uno de los temas más controvertidos en el sector sanitario: la posibilidad de realizar actividad privada en los hospitales de la red pública. En un informe de julio de 2015, el Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario (Casost) propone que todos los centros de la red pública, incluidos los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que gestiona ocho hospitales y el 80% de atención primaria catalana, se abran a la sanidad privada.
Sobre el esqueleto del modelo sanitario catalán, caracterizado por dar asistencia pública a través de centros de titularidad pública y privada (modelo mixto), los asesores de Mas han justificado la posibilidad de atender a pacientes de pago dentro de los hospitales que conforman el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat).
Así, con el fin de dar “sostenibilidad” al sistema, el Casost propone “la realización de actividad privada en los centros del Siscat” y que las condiciones y prestaciones “sean iguales para todos los proveedores”, independientemente de cuál sea su titularidad —dentro del Siscat hay centros públicos, como los del ICS, consorcios, fundaciones privadas e incluso hospitales propiedad de grandes grupos empresariales—.
El Casost reconoce que esta opción “siempre ha generado debate y reticencias para aquellos que desconfían de la interacción público-privada” pero insiste en su informe en que “es factible un modelo que aproveche esta sinergia de forma éticamente correcta y económicamente rentable”.
Los asesores del presidente rescatan así, con esta propuesta, las directrices que marcaba una instrucción que sacó el Departamento de Salud en marzo y acabó derogando a instancias del Parlament apenas dos meses después. En la instrucción, Salud recogía los supuestos en los que se podía realizar actividad privada en los centros del Siscat. El director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa, insistió en que la norma no modificaba la legislación, sino que simplemente “recordaba las reglas del juego”. Sin embargo, la oposición sacó adelante una moción en el Parlament para frenar estas prácticas. “Hasta que este tipo de prestación (…) no se haya debatido y consensuado en sede parlamentaria, no se puede llevar a cabo ninguna actividad privada que comporte retrasar o posponer la asistencia a pacientes del sistema sanitario de cobertura pública”, reza la resolución que deja sin efecto la norma.
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