Las políticas sanitarias aplicadas en los últimos años en Europa han estado dirigidas a deteriorar y desmantelar los sistemas sanitarios estatales, expulsando de ellos a determinados sectores (inmigrantes, parados, excluidos…), privatizando al mismo tiempo sus partes rentables.

En el estado español el proceso se aceleró con la aprobación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en Sanidad (con los votos de PSOE, PP, PNV, CiU y CC), que abrió el camino a la transformación del sector sanitario estatal en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. En el caso de Madrid, la aprobación, de la Ley de Ordenación Sanitaria (LOSCAM, 2001), no  hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado.


A partir de 2005 el gobierno de la Comunidad de Madrid inició el proceso de privatización, con el silencio cómplice de partidos políticos y sindicatos subvencionados,  traspasando a empresas privadas la gestión y explotación, durante décadas, de 11 nuevos hospitales mientras se cerraban miles de camas en los centros estatales; se asignaron 400.000 habitantes a la Fundación Jiménez Díaz; se privatizó el sistema de citas medicas; se cerraron laboratorios “públicos” para derivar las pruebas a un macro-laboratorio privado; se suprimió la planificación sanitaria mediante el Área Única; se aprobó la “Ley de Libertad de elección “(mecanismo para derivar los usuarios y pacientes rentables a los centros privados); se privatizó parte de la asistencia de salud mental…………todas ellas medidas necesarias para implementar un “mercado sanitario”, en el que los pacientes y procesos “rentables” son dirigidos hacia los centros privados, y los “no rentables hacia los centros estatales.

Todo ello es resultado del contexto histórico actual, con el paro y la exclusión aumentando de forma incesante en los países del sur y este de Europa, mientras se deslocaliza la producción a países del “sur” (aplicando en pleno siglo XXI condiciones de semiesclavitud). Ya no somos necesarios, no entramos en sus planes, y por tanto el capitalismo ha decido que no necesita mantener sistemas que protejan a la población. Frente a esto, no hay vuelta posible al “estado del bienestar”, solo queda la implicación de los sectores de población más conscientes, la autoorganización desde la base para luchar por recuperar nuestros sistemas de salud, y gestionarlos entre todos los afectados: profesionales y usuarios/as.