Cuando en 2005[1] denunciábamos que el primer modelo de hospital que el PP estaba diseñando para Madrid (PFI), y que se puso en marcha con la colaboración de ayuntamientos gobernados por PSOE, IU y otros grupos[2], era una “bomba de relojería financiera” para el sistema público sanitario, estábamos en lo cierto. Sin embargo fuimos acusados de agoreros y talibanes por muchos de los que ahora dicen defender la sanidad pública.

En 2012, las empresas concesionarias no solo habían recuperado la totalidad de la inversión, sino que habían sumado 150 millones de € de ganancias[3], disponiendo aún de 23 años más (hasta 2037) para seguir repartiendo dividendos entre sus accionistas a costa de la atención sanitaria de los madrileñxs.

En Inglaterra los laboristas pusieron en marcha una operación destinada a desmantelar el NHS, al tiempo que se abrían cerca de 50 hospitales de este modelo, provocando un auténtico caos en las finanzas del NHS. En 2014, con los hospitales con dificultades hasta para pagar la factura de la electricidad[4], se han visto obligados a rescatar el hospital de Northumbria, lo que les permitirá ahorrar cerca de 90 millones de €. [5]

La única salida lógica es iniciar un proceso de rescisión de los contratos con las concesionarias (bancos, constructoras, fondos de inversión…) y revertir los hospitales al sistema público, proceso que permitirá ahorrar cientos de millones de € de aquí a 2037, y dedicar ese dinero público a garantizar la atención sanitaria de todas las personas, mejorar la asistencia, reducir listas de espera, incrementar las plantillas, etc. es decir, a reducir sufrimientos a los pacientes.