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  Ante las medidas inhumanas del Gobierno con los inmigrantes “irregulares”.  
   
  2012-04-24  
 

Las medidas aprobadas por el Gobierno mediante el RDL 16 /2012, en lo referente a la atención sanitaria a los inmigrantes en “situación administrativa irregular” suponen un atentado gravísimo contra los derechos humanos, ya que a partir del 31 de agosto, sólo recibirán atención en caso de “urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto, y en el caso de ser menores de 18 años”. Por ello, desde CAS Madrid y la Plataforma Matusalén denunciamos que:

1) Se excluye al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria que, entendemos es un derecho humano básico. La mayor parte de estos inmigrantes “irregulares”, sin permiso de trabajo oficial, trabajan en la economía sumergida y pagan algunos impuestos como es el caso del IVA, contribuyendo en parte a la financiación de los servicios públicos.

2) Gran parte de los inmigrantes “irregulares” que han logrado llegar al estado español son jóvenes y sanos. Existe evidencia científica de que los inmigrantes no utilizan con más frecuencia los servicios hospitalarios con ingreso (donde se produce la mayor parte el gasto sanitario), ni de que estén realizando un abuso o uso excesivo.

3) La falta de atención sanitaria en patologías crónicas en una primera instancia, provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias (dado que es la única posibilidad que les queda), incrementando la presión asistencial. Se generará un incremento de ingresos hospitalarios, que posiblemente provoque un mayor gasto final, en contra de lo que se dice pretender.

4) Podrá tener efectos negativos sobre la salud de la población general, ya que sienta las bases para el incremento de las enfermedades transmisibles y la pérdida de su control (tuberculosis, HIV….). El aumento de enfermedades infecciosas, en general de tratamiento barato en una primera fase, ocasionará probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, que como todo el mundo conoce, son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz.

Es necesario objetar a una norma injusta que además contraviene el deber principal de asistencia de los profesionales sanitarios.

Cierto es que el artículo 16 de la Constitución española, sobre libertad religiosa e ideológica no reconoce un derecho a la objeción de conciencia de carácter general, pues esto sería contrario al artículo 9.1 de la misma: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.Esto no supone, sin embargo, que el derecho del objetor esté por entero subordinado a la actuación del legislador (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2010, Considerando Segundo) sino que, excepcionalmente, puede ser reconocido en casos concretos en que hubiera vulneración de alguno de los derechos fundamentales recurribles en amparo ante el Tribunal Constitucional, como son los comprendidos entre el 14 y el 30 de la Constitución española.

En este sentido, el artículo 19 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, señala como deber de los mismos (íntimamente ligado al derecho a la igualdad establecido por el artículo 14 CE):

i) Respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los servicios de salud, su libre disposición en las decisiones que le conciernen y el resto de los derechos que les reconocen las disposiciones aplicables, así como a no realizar discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, incluyendo la condición en virtud de la cual los usuarios de los centros e instituciones sanitarias accedan a los mismos.

Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública, para la atención completa a este grupo de población, perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos, frente a una norma (artículo 3 ter introducido en la Ley 16/2003 mediante este Real Decreto Ley) inmoral, injusta y peligrosa en términos de salud pública.

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Otras asociaciones animan a los ciudadanos a hacer uso de su derecho de petición (aunque también podrían hacerlo los profesionales que se consideren afectados en el ejercicio de su actividad laboral): derecho recogido en el artículo 29 de la Constitución que permite, a todo ciudadano afectado por decisiones arbitrarias e injustas de su Administración, solicitar explicación y rectificación de las mismas.

http://asociacionapoyo.blogspot.com.es/

(2 formularios: ante el Defensor del Pueblo y ante la CCAA correspondiente)

Otro argumento adicional para animar a que los profesionales continúen atendiendo cuando sea necesario, a pesar de este mandato injusto y peligroso para la salud pública, es que tanto la Vocalía de Inmigración del Consejo General de la Abogacía, como algunas CCAA están estudiando un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012.

 

 
   
   
     
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