El sistema sanitario español, tal y como se estructura actualmente, no es sostenible. Esta afirmación que aparece en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) del año 2009 se repite en todos los análisis económicos que realizan empresas y consultoras sobre salud. Un concepto, el de la sostenibilidad, que cuestionan algunos partidos políticos para, en su nombre, acelerar los procesos de privatización en Sanidad.

Fuga de médicos, empobrecimiento de centros de salud y hospitales, colapso de las urgencias, interminables listas de espera… El sistema sanitario hace aguas. De forma paralela, se alzan voces que reivindican la triple meta, un término aplicado a la salud  que acuñaron en 2008 Don Berwick, Tom Nolan y John Whittington. La triple meta habla de mejores cuidados, mejor salud y menor coste.

La Marea ha consultado a profesionales del sector con la intención de recoger sus propuestas para salvar la Sanidad pública. La mayoría de ellos coincide en que el mayor riesgo es la progresiva penetración del sector privado en busca de un negocio dentro del servicio público. Las llamadas “externalizaciones” han pasado de ser un instrumento de complementariedad del sistema a ser un instrumento de sustitución y esto, aseguran, propicia una sangría en las arcas públicas.

El déficit sanitario español, es decir, el dinero que falta cada año para cubrir las necesidades básicas, se sitúa en 7.000 millones de euros, aunque hay una gran diferencia entre las autonomías, que tienen transferidas las competencias.

Los recortes se hacen notar cada día más. Por ejemplo, la falta de liquidez y la desigual negociación de Gobierno con la farmacéutica Gilead hacen que, según la Asociación Española de Estudio del Hígado, 35.000 personas no reciban el tratamiento ideal para la Hepatitis C. La presión de los pacientes en las calles ha obligado al Gobierno a recibirlos y buscar una solución.


Además, los servicios de urgencias se colapsan y se multiplican las fotografías de camillas con pacientes en los pasillos, mientras las citas para operaciones en centros públicos se alargan en los meses. En diciembre los médicos de urgencias del Hospital de Toledo denunciaron ante el juzgado de guardia la saturación del servicio. Esa semana fallecieron dos pacientes que esperaban en el pasillo a ser atendidos por patologías respiratorias graves.

1. Dotar de más recursos a la Atención Primaria

La Atención Primaria (AP) ha sido la puerta de entrada a la Sanidad. Unos buenos servicios de AP contribuirían a evitar el colapso de urgencias y las derivaciones hospitalarias. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) lleva años pidiendo más capacidad de resolución, una gestión basada en criterios clínicos y científicos, y adecuar el nu?mero de profesionales a las necesidades reales. Otra asociación profesional, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), propone que la AP lidere los procesos de atención al paciente crónico. Mientras esas medidas llegan, casi el 90% de los médicos reconoce estar desmotivado en su trabajo.

Uno de los mayores problemas con los que se encuentra la AP es la falta de recursos, un dinero que se ha ido desviando hacia la especializada y los hospitales. El responsable de Sanidad de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, incide en que hay que abandonar “el hospitalcentrismo y volver a la Atención Primaria, que es la que más ha transformado la Sanidad española”. El diputado de IU alerta de que “detrás de las propuestas de reforma de la AP está el modelo inglés, que pretende la privatización, por eso no hay que reformarla, hay que potenciarla”. El gasto en Primaria cayó del 20,8% del total del gasto sanitario en 2008 al 14,81% en 2012. Para colectivos como la SEMFYC, debería ser del 25%. Este recorte en el gasto ha provocado una descapitalización de los centros de salud y la saturación de su funcionamiento.

Los centros de Atención Primaria, los primeros ambulatorios, se pusieron en marcha antes de la Ley General de Sanidad.  Gracias a su aparición se reedujo el gasto farmacéutico de una forma significativa al sustituir al médico que pasaban consulta de forma esporádica y ante urgencias. En la actualidad, el 80% de las consultas se podría solucionar en los centros de salud sin necesidad de acudir a los hospitales o servicios de urgencia.

Algunas voces alertan sobre su situación actual y defienden que la reforma debe hacerse cuanto antes. Según los datos que manejan desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el promedio de médicos por cada 1.000 habitantes es de 0,8. En algunas comunidades como Madrid, cada facultativo tiene 1.428 tarjetas sanitarias que atender de media o 1.667, como sucede en Baleares. “Esto quiere decir que hay casos en los que el médico es responsable de atender a más de 2.000 personas, y cuando es así esa atención se complica, más aún si tenemos en cuenta que el progresivo envejecimiento de la población hace que haya más visitas al ambulatorio”, indica el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle. Esa sobrefrecuentación, junto a la caída en los recursos, hace que las listas de espera aumenten.

De forma paralela a esta problemática, una apuesta por la AP aumentaría la capacidad de resolución de los centros de salud, con un gran ahorro económico. Por ejemplo, si en ellos hubiese un pequeño analizador de enzimas cardiacas en sangre, se podrían evitar muchas derivaciones al hospital. “Ahora, ante la menor amenaza o sospecha de una angina o infarto tenemos que mandarlo al hospital”, asegura Antonio Gómez Liébana, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) de Madrid que trabaja en el servicio de urgencias de un centro rural. Otra de las medidas que implementaría es la de desarrollar puntos de urgencias extrahospitalarias potentes, “para acabar con el colapso que tenemos hoy en día”. También propone aumentar el número de profesionales de enfermería ya que “muchas de las funciones que podrían hacer, las tienen que asumir los propios médicos, lo que incide directamente en la atención”.

José Martínez Olmos, diputado responsable de los temas de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, habla de “eficiencia” para justificar la apuesta por la Primaria. Además, señala que se podrían hacer más visitas a domicilio y así evitar desplazamientos al hospital o ingresos innecesarios. Además, así la atención a los pacientes crónicos sería mucho más eficaz y efectiva.

En otro sentido van las propuestas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), próxima a la gran empresa. En 2009 ya hablaba de implantar un “ticket moderador del consumo en Atención Primaria y Urgencias” que racionalizase el gasto sanitario. El objetivo no sería recaudatorio, sino “reducir la hiperfrecuentación o sobreuso del sistema”.

*El artículo publicado en la revista analiza otras cuatro propuestas

Cinco propuestas para salvar la Sanidad pública: Atención Primaria